Ya nos habíamos hecho eco de noticias relativas a la falta de transparencia de Radio Televisión Española, tanto por las demandas que acumula por no facilitar información pública, o en este blog cuando fue obligada a hacer públicos los gastos por participar en Eurovisión 2015 (resolución que se encuentra impugnada).
Hoy, Samuel Parra (responsable de otras peticiones de información a entes públicos), ha hecho público el siguiente tuit
Vaya, ahora @rtve no me quiere informar sobre determinados gastos de dinero público porque luego «nutro trabajos editoriales» con esa info: pic.twitter.com/nnZ7m4fSoo
— Samuel Parra ️️☣ (@Samuel_Parra) 20 de septiembre de 2016
Asimismo, ha aportado copia del resto de argumentos que RTVE ha utilizado para denegar facilitar la información solicitada
¿Es RTVE un organismo que se opone a la Transparencia?
Como hemos indicado, no se trata del primer caso en el cual Radio Televisión Española se opone al acceso a información de carácter público. De hecho, el titular de la noticia en Voz Pópuli al que hemos enlazado califica a este ente de «reina anti transparencia».
Podríamos alegar al respecto que, en ocasiones, los titulares de los medios de comunicación son llamativos para atraer la atención del potencial lector, pero la entrevista a Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo de Transparencia confirma que se trata de un órgano que tiende a denegar solicitudes de información
Un caso reciente: ¿deberíamos conocer la nómina exacta de los periodistas de RTVE que fueron a los Juegos Olímpicos de Río con sus familias?
Sí, claro. Tenemos muchos contenciosos con RTVE porque es uno de los organismos más reacios a dar información. Tenemos tres asuntos en los tribunales. El primero es el del Festival de Eurovisión que parece una tontería, pero el ciudadano tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero de los Presupuestos del Estado. Un ciudadano pidió el coste del festival y no se lo quisieron dar y hemos ido a los tribunales a exigir que se lo den. Tenemos otro contencioso porque un ciudadano ha pedido el coste de cada uno de los canales y nos dijeron que no lo tenían, que tenían que elaborarlo porque no lo sabían. ¡No sé qué es más grave, si la negativa a informar o que no sepan el coste! Por último, se compró un paquete de películas españolas que están poniendo en La 2 y un ciudadano ha preguntado cuánto han costado esas películas. Parece difícil lograr que RTVE nos conteste fluidamente, todavía no han comprendido que la transparencia llegó.
A la vista de esta información, podemos entender que, realmente, se trata de un órgano no muy dado a facilitar información pública una vez recibe una solicitud.
¿Qué podemos extraer de la respuesta de RTVE?
Si analizamos la información que facilita, el tenor literal de la denegación de acceso a la información pública de RTVE da a entender que
- No se discute que la información es efectivamente pública
- La finalidad de Samuel Parra no es obtener la información, sino promocionarse profesionalmente a través de la misma
- Que fuerza casuística a través de sus solicitudes, lo cual debe interpretarse como una solicitud abusiva, en el sentido del Criterio interpretativo 003/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Que no existe ningún genero de duda en el carácter abusivo de la solicitud.
¿Existe realmente un abuso?
A mí parecer, la interpretación que RTVE realiza del Criterio interpretativo del Consejo no resulta adecuada. Este criterio, disponible en la web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incluye en qué supuestos puede entenderse que una solicitud es abusiva. Ahora bien, la interpretación que hace este organismo público a mi parecer choca directamente con el propio espíritu de la Ley. Si acudimos a la Exposición de Motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno nos encontramos lo siguiente:
El capítulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.
Este capítulo, en el que aparece el procedimiento para la solicitud de acceso a la información en su art. 17, deberá interpretarse de acuerdo con los fines que busca, y los principios que esta exposición de motivos muestra.
Muchas veces, olvidamos que la Transparencia no se termina en la publicidad activa, en aquellos datos disponibles en el portal de Transparencia y que las Administraciones voluntariamente facilitan sin necesidad de realizar solicitud alguna.
Este portal es útil, pero existe mucha más información y documentos en poder de los organismos públicos que podemos solicitar, y que puede resultar de interés para realizar investigaciones, artículos u otros documentos.
El ataque a la finalidad misma de la solicitud, y su calificación como abusiva, no es accidental, dado que anteriormante ya se ha intentado utilizar el número de solicitudes como criterio para denegar la solicitud por abusiva, circunstancia que ha sido desestimada hasta el momento. Como indica el Criterio del Consejo
El hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un abuso del derecho
Por esta razón, se opta dejar de lado el posible abuso cuantitativo, y centrarse en un supuesto abuso cualitativo, es decir, que no puede conjugarse con la finalidad de la Ley.
Si revisamos los elementos que ha utilizado RTVE para entender que se ha producido un abuso más allá de toda duda, se hace mención a:
- Promoción profesional a base de poner a prueba el funcionamiento del sistema de Transparencia
- Comentar en Redes Sociales y en su blog profesional los resultados de sus solicitudes
- Colaborar en libros publicados sobre la materia
Por lo tanto, lo que se pone en duda son las características personales del solicitante, el objetivo que tienen sus peticiones, así como el uso final que puede darse a la información obtenida. Resulta claro que muchas de las solicitudes de información pública serán realizadas bien por académicos para introducir los resultados obtenidos en libros publicados (que podría englobarse en el tercer punto), bien tanto por ciudadanos como por profesionales interesados en cómo se toman las decisiones públicas, y cuál es el destino de los fondos públicos. Utilizar como criterio que posteriormente se comenta la información obtenida en Redes Sociales y blogs resulta un intento burdo de limitar la repercusión de la información pública obtenida.
Además de lo anterior, si acudimos de nuevo al Criterio, nos encontramos con que se contempla expresamente que la solicitud está justificada con la finalidad de la Ley si se fundamenta en
- Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos
- Conocer cómo se toman las decisiones públicas
- Conocer cómo se manejan los fondos públicos
- Conocer bajo qué criterios actúan las administraciones públicas
Debemos recordar que se trata de una solicitud de información pública, pero que no es objeto de publicidad activa. Por lo tanto, obtener esta información para posteriormente realizar informes, publicaciones así como otras participaciones en eventos y medios a que hubiera lugar entrarían dentro de las consecuencias del primer punto, el relativo a someter a escrutinio un gasto público llevado a cabo por RTVE.
Recordemos que, de acuerdo nuevamente con el Criterio del Consejo, la solicitud no estará justificada cuando
- No pueda ser reconducida a una de las finalidades indicadas, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.
- Cuando tenga por finalidad patente obtener información que carezca de la condición de información pública.
- Cuando tenga como objeto la comisión de un ilícito civil o penal, o de una falta administrativa
Como he indicado anteriormente, el carácter de información pública no ha sido atacado por RTVE, y la tercera posibilidad (relativa a ilícitos) no resulta aplicable. Por lo tanto, la interpretación que ha hecho el ente público es que no resulta posible reconducir la petición realizada por Samuel Parra hacia una de las finalidades. A mi juicio, debemos rechazar de plano este argumento.
El destino que demos a dichos datos no resulta relevante. No deja de tratarse de un escrutinio de decisiones públicas porque se utilice la información en un blog profesional o en un libro. Dichos medios únicamente supondrán un aumento del alcance de la información obtenida (que, recordemos, se trata de información pública), y ni el espíritu de la norma, ni la naturaleza de los datos justifica que utilicemos dichos usos para hablar de una solicitud abusiva.
Como acertadamente se incluye en las conclusiones del Criterio, las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva. Sí que se mencionan los motivos que, a su parecer, lo justifican (indicando además que se trata de una solicitud abusiva «fuera de toda duda«), pero difícilmente puede aceptarse que el uso de la información pública deba finalizar con el mismo conocimiento de la misma, sin posibilidad de investigar, procesar, auditar, o escribir artículos al respecto de la información obtenida. Ese no es el espíritu de la norma.
Un criterio interpretativo que permitiera lo anterior vaciaría manifiestamente de contenido la Ley de acceso a la (recordemos de nuevo) información pública, y supone una limitación plenamente injustificada de los derechos que otorga la Ley.
En mi opinión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenará a RTVE que facilite dicha información, y RTVE de nuevo recurrirá la decisión. Recordad que los costes de un proceso judicial, que al final lo único que busca es no revelar información pública, será financiado con cargo a recursos públicos. En conclusión, se nos intentará ocultar dicha información (sin que exista una causa real y objetiva que lo justifique), y se litigará para impedir que se haga pública utilizando los ingresos que facilitamos a las Administraciones Públicas.
No resulta admisible que quiera limitarse el acceso a una información, pública y relativa a decisiones y criterios tomados en sede de un organismo público, en base a que puedan utilizarse para publicar libros o artículos sobre el tema. Lo normal sería que toda esta información económica pudiera consultarse sin necesidad de solicitud alguna, pero mientras sea necesario acudir a este mecanismo, deben rechazarse denegaciones de acceso tan burdas, injustificadas y subjetivas, como las utilizadas por RTVE.
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