El avance en los equipos informáticos, así como el de los métodos de compresión de video, ha provocado que resulte muy sencillo poder disfrutar de obras audiovisuales en nuestros ordenadores sin demasiada complicación. La globalización de la sociedad que ha llevado pareja Internet no ha hecho más que acercar a los diferentes usuarios, que han pasado de una tradicional situación pasiva, a una situación activa o de creación de contenidos.Es bien cierto que la realización de copias privadas de películas, así como el compartirlas a través de mecanismos como pueden ser las redes P2P no resultan exentos de problemas a la hora de interpretar una eventual vulneración de los derechos de autor del titular de la obra, pero más interesante puede resultar la observación de casos en que la vulneración puede que no resulte tan clara.
Debemos partir aquí de la premisa que el Derecho Penal existe para funcionar como mecanismo coactivo, buscando impedir la realización de conductas que resulten condenadas por la sociedad en general. A este hecho, debemos añadir el principio de intervención mínima del Derecho Penal, causada por la gravedad de las penas que puede comportar una determinada tipificación (recordemos que el Derecho Penal puede imponer privación del derecho a la libertad).
Pongámonos ahora en antecedentes, con un grupo que redacta subtítulos, sin ningún ánimo de lucro, para películas que aún no cuentan con ellos. La capacidad de crear y cargar subtítulos de forma activa, con los que no cuenta en principio una determinada película es una de las nuevas posibilidades con las que cuentan ordenadores y dispositivos dedicados a la reproducción de películas. Supongo que a pocos de los lectores les puede parecer que están cometiendo un delito similar a un robo, a una lesión, y que por ello no deberían ser condenados. Pues al parecer las autoridades polacas son de distinta opinión, dado que las personas responsables por estos subtítulos han sido arrestados. De acuerdo con la Ley, pueden ser condenados con hasta 2 años en prisión.
Es cierto que la Ley sobre Derechos de Autor aplicable al caso establece la prohibición de realizar cualquier transformación de la obra, incluída la traducción, sin autorización del titular de los derechos de autor, pero la aplicación de medidas de protección debe ser proporcional a la acción realizada, y en este caso, parece que podemos encontrar verdaderamente una actuación desmedida por parte de los poderes públicos. Habrá que estar atento para ver cuál es el resultado final de esta actuación.
