Navegando por Internet me he topado con un interesante post del Dr. Urs Gasser al respecto de una conferencia realizada en Oxford por la OpenNet Initiative y el Centro Berkman. En esta conferencia se trató entre otros temas del control y filtrado que se realiza sobre las páginas web a las que acceden los usuarios. Dónde comienza el derecho de acceso libre a la cultura como límite a las potestades públicas?
El problema es que la diversidad de regímenes políticos que podemos encontrar en el mundo no nos permiten establecer una respuesta pacífica a este hecho. Así, debemos pensar que en determinados países el control del acceso a la cultura, a la que se puede acceder demasiado fácilmente a través de Internet, es utilizado como herramienta política.
Algunos podéis pensar que la situación no reviste tanta importancia, y que las diferencias entre países revisten en la mayor parte de los casos un carácter únicamente superficial. Tal vez la respuesta cambie si observamos los perfiles de varios países realizados por OpenNet Initiative, en el cual podemos encontrar como algunos de ellos se realiza una censura de contenidos alarmante en la época en la que vivimos, y que no debería ser admitida por la comunidad mundial. La problemática en ocasiones no recae en lugares lejanos, sino que incluso alcanza a la Unión Europea, donde algunas de las propuestas que se han realizado se han interpretado como un camino abierto hacia la censura.
No obstante, y al respecto de las potestades de control específicamente, el Dr. Urs Gesser desde el Centro de Investigación de St. Gallen, nos indica que puede resultar interesante el estudio de los diversos sistemas de censura mediante el uso de seis preguntas que se han considerado básicas:
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Quién está obligado a bloquear o filtrar los contenidos?
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Cómo se les notifica a los obligados que un determinado contenido ha sido bloqueado?
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Quién determina qué contenido debe ser bloqueado, y mediante qué procedimiento?
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Qué mecanismos técnicos (bloqueo de IP, filtrado de páginas web) son los más adecuados?
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Cuáles son los requisitos procesales y garantías en el proceso de filtrado?
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Quién fija las reglas y bajo qué condiciones?
Me resulta interesante este hecho, dado que entre las preguntas se ve la preocupación ya no únicamente desde un punto de vista legal, sino también técnico. Pensemos en la carga que puede llegar a suponer un control exhaustivo de las diversas conexiones realizadas a través de un ISP. En nuestro caso, y con tal de analizar el rendimiento que podría llegar a tener un control de este tipo, pensemos en la implantación del antiguo proxy transparente de telefónica. Pese a que la funcionalidad no era exactamente la misma, podemos observar que el paso a través de este sistema provocó multitud de quejas entre los internautas. Multipliquemos ahora por la totalidad de conexiones de nuestro país, y podemos encontrar con que, en caso de no llevarse a cabo mediante algún sistema que necesite pocos recursos, podemos conseguir impedir el avance de las TI.
Así, en mi opinión resulta complicado establecer un control absoluto desde un punto de vía tecnológico, más teniendo en cuenta que la mayoría de sistemas puede resultar saltado mediante diversos sistemas, ya sean proxys anónimos u otros. Para impedir este hecho, deberíamos bloquear el acceso a estos servicios, pero la gran velocidad a la que aparecen nuevos dificulta esta última posibilidad. Por lo tanto, habría que buscar un equilibrio entre las posibilidades reales de las tecnologías de control que no afectasen a las experiencias de usuario en la Red y la Ley.
La pregunta que creo que planteará también bastante controversia será la que se refiere a quién fija las reglas. Debemos pensar en que un bloqueo como los planteados impedirá el ejercicio pleno de un derecho y, como tal, debería tener un control férreo por parte de los poderes públicos de ese determinado país. El problema surge cuando observamos que la raíz del problema de la censura masiva proviene precisamente del Gobierno, y no contamos con una verdadera Asamblea representante del pueblo que pueda legislar en interés de los ciudadanos en general.
La verdad es que establecer una respuesta general a esta problemática resulta complicado, así que habrá que estudiarlo a fondo para ver si se puede encontrar una verdadera solución.
